Se cumplen ocho años del cierre por parte del juez Baltasar Garzón del diario 'Egin' y de 'Egin Irratia', sin que la cuestión se haya resuelto aún judicialmente (en Gara)

En la noche del 14 de julio de 1998 hoy hace ocho años cientos de policías españoles comenzaron a tomar posiciones en las inmediaciones de la redacción central y las delegaciones de Egin y Egin Irratia, así como ante los domicilios de once personas a las que relacionaban con la empresa editora. A partir de la medianoche comenzaron las detenciones no exentas de violencia en algunos casos y el «cierre cautelar» del periódico y la radio. Aquella decisión del juez Baltasar Garzón, adoptada en la fase de instrucción del sumario, se convirtió de hecho en la inapelable sentencia de muerte de una cabecera emblemática en Euskal Herria. El Gobierno del PP celebró aquel cierre como una victoria propia y su presidente, José María Aznar, como haciendo una muesca en la culata de su revólver, pronunció aquella sentencia de «¿acaso pensaban que no nos íbamos a atrever?».

El cierre de Egin y Egin Irratia fue la primera gran pieza que se cobró el Estado en lo que luego constituiría el macrosumario 18/98, que desde noviembre del pasado año se está juzgando en la Audiencia Nacional, sin que haya todavía previsiones fiables sobre cuándo puede concluir la vista. Es decir, todavía se está juzgando si aquella sentencia de muerte fue o no correctamente aplicada, mientras los encausados en el proceso siguen viendo pender sobre sus cabezas la amenaza de largas condenas de cárcel por no haber hecho otra cosa que dirigir un periódico enraizado en su país e incómodo para el poder y las empresas que lo editaban.

Las dolorosas consecuencias de aquel cierre no impidieron como ocurrió después tras la clausura de Euskaldunon Egunkaria que los sectores sociales que se veían representados por aquel proyecto periodístico pusieran en marcha otro. Y lo que pretendía ser un golpe a uno de los elementos que contribuían a la configuración nacional de Euskal Herria, se volvió como un bumerán contra los agresores. Pero ello no significa que en el camino hacia la normalización democrática, cuando llegue la hora de hacer cuentas sobre el pasado, el Estado español no tenga también este caso entre sus deudas pendientes. Hoy, todavía, la potencia de la maquinaria propagandística del poder y la de quienes sin necesidad alguna se rinden a ella coloca sólo a una parte de las víctimas del conflicto como objeto de un necesario resarcimiento en un futuro proceso de reconciliación. Pero una Comisión de la Verdad, objetiva e imparcial, tendría mucho y variado trabajo por hacer en este país.

(editorial publicado el 14-07-2006 por Gara)

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