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Iruña-Pamplona. El presidente Miguel Sanz ha asegurado hoy que el Gobierno foral «se ajustó a la legalidad» cuando no autorizó la solicitud del Ayuntamiento de Estella para que esta ciudad pasara a denominarse de forma oficial como Estella-Lizarra.

Sanz compareció en el Parlamento para responder a una pregunta que sobre este asunto había planteado el grupo de Aralar y en su intervención aseguró que el informe jurídico solicitado por el Ejecutivo «era concluyente» al señalar que conforme a la ley del vascuence no era posible adoptar esa nueva denominación puesto que Estella se encuentra fuera de la zona vascófona y además ya tiene como denominaciones oficiales, aunque empleadas por separado, las de Estella y Lizarra.

Añadió además que algunos munícipes de Estella aprobaron el cambio de nombre «sabiendo que era ilegal» y de hecho comentó que se dirigieron a los concejales de UPN para indicarles que si el Gobierno señaliza en bilingüe la Autovía del Camino retirarían de la tramitación la autorización solicitada al Ejecutivo para modificar el nombre de la ciudad.

Según Sanz, los ediles de UPN contestaron que el Gobierno ya tenía tomada la decisión de modificar el plan de actuaciones en materia de señalización para rotular también en euskera la Autovía del Camino pero no quisieron sin embargo acceder a la petición que les fue planteada y para la que además no tenían competencias.

El anuncio relacionado con los rótulos viarios mereció para CDN el calificativo de «muy importante», ya que según Carlos Pérez Nievas es el propio Gobierno el que contribuye a crear «una ceremonia de la confusión» con su política en torno al vascuence, ya que sus actuaciones son «correctas» en el fondo pero «se olvidan las formas» y «no sabemos transmitir», lo que puede provocar la sensación «de que vamos contra el euskera cuando este es el Gobierno que más cantidad de dinero destina a su fomento».

Por su parte, Esteban Garijo mostró el apoyo de UPN al gabinete de Sanz al considerar que éste actuó «según la legislación» y que la iniciativa del Ayuntamiento de Estella era de carácter «político» y «nada tiene que ver con la libertad, la lingüística o la realidad sociolingüística».

Por el contrario para el portavoz de Aralar, Patxi Telletxea, «no es cuestión de legalidad, es cuestión de voluntad» que el euskera tenga una situación de «normalidad», por lo que instó al presidente a cumplir con la ley del vascuence, que a su juicio en ningún caso impide la denominación Estella-Lizarra, o en caso contrario «tenga gallardía política y cárguesela».

También el socialista Carlos Cristóbal consideró que hay «un conflicto generado por una actitud determinada del Gobierno», apeló al espíritu con el que se aprobó la ley del euskera para autorizar la petición del consistorio estellés porque además los argumentos en contra «se caen por su propio peso», y apuntó la conveniencia de que esta norma sea modificada a la vista de que «la realidad sociolingüística está cambiando».

Desde IU Miguel Izu subrayó que su coalición apoya la petición del Ayuntamiento de Estella, reprochó a Sanz haber acusado a miembros de esa corporación de «prevaricación», destacó que los informes jurídicos «nunca son un dogma sino que, de hecho, casi todo es discutible», y criticó al Ejecutivo de hacer «una interpretación restrictiva de la ley».

Para EA, dijo Maiorga Ramírez, «limitar al máximo la presencia del euskera es el denominador común» en la política del Gobierno «y para eso no le importa cumplir la ley o incumplirla», mientras que para José Luis Etxegarai, del PNV, la acción del Ejecutivo «crea malestar cuando cosas tan sencillas como una rotulación podían dulcificar las relaciones entre distintas ideas políticas».

(publicado el 11-04-2006 en Diario de Navarra)

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Sanz dice que el rechazo de la denominación Estella-Lizarra «se ajustó a la legalidad»; El presidente compareció hoy en el Parlamento para responder sobre ello (en Diario de Navarra)

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