Los ciudadanos no podrán dirigirse a la Eurocámara en euskera, gallego o catalán; el diputado Vidal-Quadras (PP) hace fracasar la petición sobre lenguas cooficiales (en Noticias de Gipuzkoa)

Efe/Bruselas. La mesa del Parlamento Europeo (PE) rechazó ayer --por el voto negativo del vicepresidente español Alejo Vidal Quadras (PP)-- la petición del Gobierno español de permitir el uso del gallego, el euskera y el catalán/valenciano en las comunicaciones escritas de los ciudadanos a la institución, informaron fuentes parlamentarias.

El órgano, formado por el presidente Josep Borrell y sus 14 vicepresidentes y responsable de las cuestiones administrativas del PE, debatió la demanda y procedió posteriormente a una votación en la que los partidarios del rechazo se impusieron por siete votos contra seis.

Borrell, así como el resto de vicepresidentes socialistas y los representantes del grupo Verde e Izquierda Unitaria Europea, votó a favor de aceptar la demanda, mientras que el vicepresidente español Alejo Vidal Quadras (PP), el resto de populares y de liberales, lo hizo en contra, según fuentes parlamentarias.

Vidal Quadras explicó que la decisión se debe exclusivamente a "razones técnicas" y citó en particular las dificultades que la Eurocámara aún arrastra para cubrir los servicios de interpretación y traducción a las lenguas oficiales de los Estados miembros recién adheridos a la UE.

Críticas

Tras conocer la decisión, el líder de los socialistas españoles, Enrique Barón Crespo, consideró por su parte que es "un hecho lamentable que una iniciativa totalmente fundada desde el punto de vista político y cultural sea derrotada por la acción de un vicepresidente que además es español y catalán".

El eurodiputado de ERC Bernat Joan calificó de "insultante" la negativa de la Mesa. "Es una situación humillante para toda una comunidad lingüística como es la catalana", comentó Joan, quien opinó que el Gobierno "debería haber puesto un poco más de entusiasmo y convertir esto en una cuestión de Estado".

La solicitud se enmarcaba en la decisión del Consejo de la UE de junio de 2005 que da pie al uso, bajo condiciones, de las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias.

El Consejo, el Comité de las Regiones y la Comisión Europea ya han firmado sus respectivos acuerdos con España, pero cada institución es autónoma para decidir su régimen lingüístico y el Parlamento no estaba obligado a aceptar la demanda.

España solicitó a la Eurocámara que permitiera a los eurodiputados emplear estas lenguas ante el pleno, que se tradujesen a las mismas los principales actos legislativos y que los ciudadanos pudieran escribir y recibir respuesta del PE en ellas. Al igual que en el resto de instituciones, el Gobierno se comprometía a sufragar todos los gastos derivados.

Un informe de la secretaría general del Parlamento advirtió, antes de que la mesa comenzase a examinar la cuestión, que la petición podría acarrear problemas organizativos, dada la escasez de intérpretes de gallego y euskera, o la posibilidad de que otros países con lenguas cooficiales siguieran el precedente.

El 14 de marzo, y tras constatar las reticencias de la mayoría de la mesa planteaba, el órgano acordó a iniciativa de Borrell solicitar al Gobierno que plantease dos propuestas diferenciadas de acuerdos: una para articular la "comunicación con los ciudadanos" y otra para los plenos. El objetivo, finalmente frustrado, era posibilitar al menos la aprobación del primer apartado, ante la dificultad de convencer a los vicepresidentes de que aceptasen el uso de las lenguas cooficiales en el pleno.

(publicado el 27-04-2006 en Noticias de Gipuzkoa)

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