La masacre del Hospital Filtro unió hace 10 años a Euskal Herria y Uruguay. Gara escribe sobre aquellas jornadas en que dos jóvenes uruguayos murieron al reprimir la policía actos de protesta contra la extradición de tres vascos (en Gara)

[La masacre del Hospital Filtro unió hace diez años a Euskal Herria y Uruguay. Hay ocasiones en que los pueblos se hermanan en su lucha por aquello que creen justo. El 24 de agosto de 1994, la Policía reprimió a balazos a miles de uruguayos que se solidarizaron con tres vascos reclamados por la Justicia española. Dos jóvenes murieron, pero la demanda del derecho de asilo no fue acallada] Esta próxima semana se cumplirán diez años desde que la Policía disparó contra las miles de personas congregadas ante el Hospital Filtro de Montevideo con el único fin de mostrar su solidaridad a tres refugiados vascos. Estaban ingresados allí a causa de la huelga de hambre y de sed que habían emprendido para reclamar el derecho al asilo y denunciar la demanda de su extradición por parte de la Justicia española.

Aquellos incidentes ocurrieron pocas horas antes del traslado de Josu Goitia, Mikel Ibañez y Luis Mari Lizarralde al Estado español. El 24 de agosto de 1994, a las 18.00 en Uruguay cinco horas más en Euskal Herria cerca de 4.000 personas se encontraban en los alrededores del citado centro médico, convocadas por la central sindical uruguaya PIT-CNT. «De improviso comenzó una fuerte carga policial en patrulleros y en motos, haciendo disparos de fuego real a quemarropa», relató en su día el periodista uruguayo Raúl Zibechi, testigo de los hechos. Los manifestantes intentaron dispersarse, pero fueron cercados por la Policía, que siguió disparando hasta la madrugada.

MENTIRAS OFICIALES

El entonces ministro del Interior uruguayo, Angel María Gianola, intentó atribuir los incidentes a infiltrados armados entre los manifestantes y culpó incluso a supuestas amenazas de atentados en el aeropuerto internacional de Carrasco con motivo de la llegada del avión en el que serían trasladados los tres vascos. Ese extremo fue cuestionado por los periodistas presentes y por casi todo el pueblo uruguayo, y las peticiones de dimisión del ministro resultaron abrumadoras.

El Ministerio del Interior declinó hacer comentarios sobre el número de heridos. Tras la confusión inicial (las noticias que llegaban a Euskal Herria hablaban incluso de siete muertos), se constató que había perdido la vida un joven solidario llamado Fernando Morroni, y hubo decenas de heridos graves internados en Unidades de Vigilancia Intensiva y centenares de heridos de menor consideración.

En este contexto, el Ejecutivo uruguayo ordenó el cierre durante 48 horas de las dos únicas emisoras de radio que estaban desarrollando una ingente labor de investigación para intentar averiguar el número de fallecidos y sus identidades: CX44 Panamericana y CX36 Centenario.

Con estas emisoras censuradas, se complicó notablemente la labor de verificación de las identidades de fallecidos y desaparecidos, a lo que se sumaron las amenazas y presiones ejercidas desde medios policiales e informativos para intentar que los muertos que pudieran ir apareciendo no constaran como caídos en los enfrentamientos. A día de hoy, todavía hay diferentes versiones sobre el fallecimiento de otra persona, Roberto Facal, presentado en la versión oficial como «víctima de un apuñalamiento por motivos pasionales». El otro fallecido, reconocido este sí por el ministro, fue el joven Fernando Morroni, quien murió en el Hospital Policial por disparos de arma de fuego en el pecho.

Desde entonces, año tras año, cada 24 de agosto, la gente se moviliza en Montevideo, ante el que era el Hospital Filtro, para mostrar su repulsa a los hechos ocurridos en 1994, en el último año del Gobierno de Luis Alberto Lacalle.

Las muestras de solidaridad a los represaliados vascos por parte de los ciudadanos de Uruguay, y el hecho de ver cómo fueron reprimidos brutalmente por ello, creó una inmensa oleada de solidaridad en Euskal Herria. En las manifestaciones celebradas en ciudades vascas se veían múltiples banderas uruguayas.

«Operación lagarto»

Aunque finalmente fueron extraditados Mikel Ibañez a día de hoy residente en Uruguay, Luis Mari Lizarralde preso en Burgos y Josu Goitia en libertad en Euskal Herria, los propósitos de la Justicia española iban mucho más allá.

El 15 de mayo de 1992, la Policía detuvo en Uruguay a unas 30 personas, de las que luego fueron procesadas trece. De este total de refugiados políticos vascos, el Estado español pidió prisión para diez, y finalmente demandó la extradición de ocho de ellos: Mikel Ibañez, Luis Mari Lizarralde, Josu Goitia, Amaia Arakistain, Juan José Urrutia, Pedro Gómez, Agurtzane Delgado y Josu Lariz. Uruguay sólo accedió a entregarles a los tres primeros.

Según recuerda a Gara el oñatiarra Josu Goitia, «éramos conscientes de que seríamos extraditados, pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada. Por eso emprendimos la huelga de hambre y de sed, cosa que antes también hicimos en prisión. Teníamos una causa pendiente en Uruguay por portar documentación falsa, y los abogados consideraban que no era razón suficiente para extraditarnos, pero no teníamos ninguna duda de que eso se lo pasarían por el 'arco del triunfo, y así fue».

A consecuencia de las citadas huelgas, los tres refugiados fueron trasladados al Filtro, donde siguieron con la protesta. En sus palabras, «lo ocurrido allí fue muy duro. Desde la ventana veíamos la comisaría situada justo enfrente, y comprobábamos cómo pegaba la Policía. Pero los cinco o seis días anteriores en los que estuvimos en el Hospital también hubo gente, día y noche, mostrándonos su solidaridad».

«Nuestro contacto allí siempre eran un juez y tres forenses que nos contaban lo que ocurría», rememora. Del 24 de agosto recuerda que «los forenses me dijeron que me apartara de la ventana, por miedo a los tiros». Yque los heridos eran llevados al mismo Filtro.

«El pueblo uruguayo tenía muy asumido lo del derecho de asilo, y no creía que nos expulsarían. La gente se volcó porque creía en ese derecho, aunque la política sea otra cosa distinta. Vieron claramente la injusticia, y la represión por movilizarse contra ello fue verdaderamente dura. Aunque lo agradezcamos mil veces, nunca será suficiente».

Lariz: «El estado español mandó mas de 500 patrulleros de regalo»

Para Josu Lariz, 1992 fue el principio de un calvario con la Justicia que acaba de concluir hace unos meses, con su absolución por parte de un tribunal argentino (había llegado a este país tras estar preso de nuevo en Uruguay). Lariz llegó por primera vez a Montevideo en 1988 y trabajó en un restaurante hasta que cayó detenido en la «Operación Lagarto» junto a varias decenas de ciudadanos vascos y uruguayos. El siguiente relato de lo que ocurrió aquellos días fue formulado por Lariz ante el tribunal argentino que le ha juzgado, y absuelto el pasado 18 de junio:

«En 1992 un tremendo operativo policial denominado 'Lagarto acabó con la detención de unas 30 personas, 15 de las cuales fuimos sometidos a procedimiento de extradición. Tengo que aclarar que en ese año eran las Olimpiadas de Barcelona y la Expo 92 de Sevilla. La propaganda del Estado español fue que en Uruguay detuvieron a la cúpula más radical y asesina de ETA. En nuestra detención que fue un lunes y nos encontró trabajando en el restaurante intervinieron el entonces ministro del Interior español Rafael Vera, vinculado y condenado por pertenecer a los GAL, y guardias civiles que nos quisieron interrogar. Ese mismo día el Estado español ya había enviado un avión de las Fuerzas Armadas para llevarnos a Madrid.

Esta noticia la emitió el Canal 4 de Uruguay. Al día siguiente llegó el eurodiputado vasco en Bruselas, Karmelo Landa, que neutralizó toda la campaña de miedo, terror y mentiras emitidas por los mensajeros mandados a Uruguay. El eurodiputado dejó bien claro al pueblo uruguayo que nosotros éramos represaliados políticos vascos y que lo único que buscábamos era el refugio para poder trabajar y vivir tranquilos.

La primera sentencia fue la mía, donde salí absuelto por falta de pruebas en primera instancia y el juez reconoció que había un problema político al afirmar lo siguiente: 'No sólo nada tiene que ver, sino que está específicamente excluido por cuanto todo delito contra la seguridad interior del Estado es hoy un clásico delito político. Lo firmaba el juez Alfredo Tedeschi.

Después de la primera instancia, pasé a la Suprema Corte de Justicia y también fui absuelto después de catorce meses.

Mientras iban pasando los casos de extradición y se denegaban tales pedidos, el Estado español mandó más de 500 patrulleros como obsequio para la Policía uruguaya y préstamos blandos a pagar en 30 años. La presión del Estado español imperialista hacia Uruguay fue reconocida hasta por diputados y senadores del propio Partido Blanco y Colorado.

El triste final es que toda esta historia termina con la extradición de tres compañeros. Debo decir que la solidaridad del pueblo uruguayo fue impresionante. Esa concienciación del pueblo uruguayo hizo que miles y miles de ciudadanos anónimos salieran a la calle informándose y adquiriendo conciencia de lo que estaba pasando. No se estaba juzgando a supuestos militantes de ETA, sino que se estaba juzgando a todo un pueblo: al pueblo vasco. Pero lo más grave aún para la conciencia del pueblo uruguayo era que se estaba poniendo en duda el derecho de asilo y refugio, derecho arraigado en la cultura uruguaya desde su independencia, al cual muchos uruguayos se habían atenido soli- citándolo a otros países durante el periodo dictatorial que asoló a muchos países latinoamericanos en las décadas de los 70 y 80.

El mismo día de la extradición de los tres compañeros, mientras éstos se encontraban en el Hospital Filtro realizando una huelga de hambre, miles de personas fueron brutalmente reprimidas por la Policía, que mató al joven Fernando Morroni de 21 años y causó heridas de bala a otras cien personas».

Condecoración española a Gianola por extraditar a los tres vascos

La Embajada española en Uruguay impuso en diciembre de 2002 la Gran Cruz de Isabel la Católica al ex ministro del Interior uruguayo Angel María Gianola, bajo cuyo mandato Montevideo extraditó en 1994 a los refugiados Lizarralde, Goitia e Ibañez. En la ceremonia de condecoración participó el ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y el dirigente del PP y ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, para quien agosto de 1994 supuso «un antes y un después» en las relaciones entre ambos estados. Mientras varios medios uruguayos calificaron de «vergonzoso» que Mayor condecorara a Gianola por la entrega de los ciudadanos vascos, el homenajeado afirmó que su labor se limitó a «cumplir con un deber cívico y constitucional».

(publicado el 15-08-2004 en el diario Gara)
(audio sobre el tema en Radio FEUU recogida por Indymedia-Uruguay)

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