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La Corte Suprema Argentina ratifica la decisión del juez Bonadío y deniega la extradición a España de Josu Lariz

11/05/2005

Josu Lariz Iriondo en junio del pasado año, nada más ser liberado tras el juicio de primera instancia en Buenos Aires (foto euskalkultura.com)
Josu Lariz Iriondo en junio del pasado año, nada más ser liberado tras el juicio de primera instancia en Buenos Aires (foto euskalkultura.com)

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La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha convalidado la decisión adoptada en junio del pasado año por el juez federal de Primera Instancia Claudio Bonadío de denegar la extradición solicitada por España en la persona del ciudadano vasco Josu Lariz Iriondo. El máximo tribunal de la Nación señaló en un comunicado que cuatro de los nueve ministros que lo integran consideraron que los delitos que las autoridades españolas le imputan a Lariz Iriondo han prescrito para la legislación argentina.
Josu Lariz Iriondo permanece desde el mes de noviembre de 2002 en Argentina, primeramente detenido, y desde junio del pasado año fuera del reclusorio, pero sin permiso para abandonar el país austral, a donde fue trasladado tras su expulsión del Uruguay, país en que originalmente trabajaba y residía desde hace más de dieciséis años.

Lariz Iriondo, residente en Uruguay, quien a instancias del ejecutivo de Aznar había sido puesto en dos ocasiones en manos de la justicia uruguaya y seguidamente liberado al no encontrarse méritos para su deportación a España, fue finalmente expulsado en 2002 hacia Argentina por un decreto del ejecutivo uruguayo en manos de Jorge Batlle.

Tras año y medio recluido a la espera del juicio de extradición, el ciudadano vasco de 47 años fue puesto en libertad --sin documentación ni permiso para abandonar el país-- en junio de 2004, cuando el juez federal argentino Claudio Bonadío rechazó la solicitud de extradición formulada por el juez español Baltasar Garzón, en un caso que despertó numerosas manifestaciones de solidaridad por parte de instituciones tanto argentinas como de la diáspora vasca, solicitando su libertad y el otorgamiento del refugio en el propio país sudamericano.

Nacido en Alzola (Gipuzkoa) hace 46 años, Josu Lariz Iriondo había sido trabajador de la empresa de fundición Alcorta y Unzueta y afiliado a LAB a finales de los 70, antes de trasladarse al Uruguay. En Montevideo se desempeñó como cocinero en los restaurantes Boga Boga, la Trainera y Baserri y se casó con Juana Tarallo, de nacionalidad uruguaya. La expulsión del "vasco Josu", como lo llaman sus amistades uruguayas, argentinas, de la comunidad vasca a ambos lados del Río de la Plata e incluso los carceleros de la dependencia policial porteña donde estuvo detenido durante año y medio, tuvo una fortísima repercusión en el Uruguay, motivada en las graves irregularidades cometidas contra su persona.

Cuando en 1992 su extradición fue solicitada, junto a la de otros siete vascos residentes en Uruguay, la medida fue rechazada. La entrega a las autoridades españolas de tres de ellos motivó fuertes reclamos en Uruguay, que alcanzaron su punto más álgido en lo que más tarde se conoció como la Masacre del Filtro.

Un nuevo pedido de extradición solicitado por el juez español Baltasar Garzón, acusando a Lariz de presuntas actividades vinculadas con ETA, había sido rechazado el 22 de noviembre de 2002. Sin embargo, la firma tras presiones españolas de un decreto de expulsión por parte del presidente uruguayo Jorge Batlle posibilitó que a las pocas horas de que la justicia lo liberara el cocinero vasco fuera trasladado al Aeropuerto Internacional de Carrasco escoltado por dos funcionarios policiales uruguayos. Allí un avión lo aguardaba para su traslado al Aeroparque Metropolitano porteño Jorge Newbery, donde lo esperaba personal de Interpol y de la Policía Federal Argentina para llevarlo a la Unidad de Delitos Antiterroristas y Complejos, donde permaneció detenido hasta la realización del juicio y la sentencia de libertad en junio del año pasado.

El 23 de noviembre de 2002, al día siguiente de su traslado a Buenos Aires, el diario uruguayo La República tituló en su primera plana "La jueza lo dejó libre y Batlle lo entregó a Aznar", en referencia al decreto firmado por el mandatario uruguayo. La expulsión motivó un fuerte rechazo, no tan sólo en la comunidad vasca, sino en la ciudadanía uruguaya y en la clase política de ese país en general. Fueron numerosas las declaraciones realizadas por los políticos uruguayos en oposición al procedimiento irregular empleado en la entrega de Lariz, entre ellas las del diputado socialista Guillermo Chifflet, en nombre del Encuentro Progresista-Frente Amplio, o las del representante del Partido Colorado Oscar Magurno, quien manifestó su indignación por lo que calificó "el atropello contra Lariz Iriondo".

En Argentina, numerosas instituciones comprometidas con los derechos humanos se pronunciaron en relación con el caso. En diciembre de 2002 Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la Comisión Argentina de Solidaridad solicitaron al entonces Presidente Duhalde el rechazo del pedido de extradición, que se le otorgara el asilo y que ordenara al CEPARE la aceptación del pedido de refugio.


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