Haciendas forales y Gobierno Vasco estudian su respuesta a la sentencia del Supremo; las Diputaciones de Bizkaia (PNV-EA), Gipuzkoa (PNV-EA) y Álava (PP) coinciden (en Grupo Correo)

[Debaten si recurren el fallo ante el Constitucional y el articulado del nuevo Impuesto de Sociedades La Cámara de Gipuzkoa se ofrece como coadyuvante para cualquier iniciativa en defensa del Concierto]

Manu Alvarez/Donostia-San Sebastián. Los diputados de Hacienda de Vizcaya, Álava y Gipuzkoa se reunirán esta tarde en Lakua con representantes del Gobierno Vasco, con el objetivo de pactar acciones comunes frente a la sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado ilegales elementos sustanciales del Impuestos de Sociedades vigente hasta ahora en Euskadi.

El encuentro tendrá un marcado carácter técnico en una doble vertiente. La primera será la de evaluar las posibilidades de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en un intento de dejar sin efecto el polémico fallo que, pese a ello, debe ser cumplido de forma inmediata.

En segundo lugar, los responsables de las haciendas forales deben adoptar ya los primeros acuerdos, a fin de que el nuevo texto del Impuesto de Sociedades aplicable en el País Vasco vea la luz en breve, ya que la sentencia ha creado un vacío legal importante.

Sin referencias

En estos momentos, las empresas asentadas en Alava, Gipuzkoa y Vizcaya no tienen una referencia clara sobre qué tipo de fiscalidad será aplicará este año a sus beneficios, lo que provoca una clara interferencia en la toma de decisiones de gestión.

Todo parece indicar que si hoy se alcanza un principio de acuerdo respecto al recurso ante el Constitucional, en los próximos días tendrá lugar una reunión con carácter más político que serviría para transmitir, de nuevo, un mensaje institucional en defensa del Concierto Económico y de la competencia normativa de las diputaciones. Este segundo encuentro sería protagonizado por los diputados generales de los tres territorios, junto a la vicelehendakari del Ejecutivo autónomo, Idoia Zenarrutzabeitia.

Los servicios técnicos de las diputaciones trabajan ya contra el reloj en ambos frentes, aunque por el momento no hay propuestas concretas.

El diputado de Promoción Económica de Vizcaya, Tontxu Campos, confirmó ayer que las administraciones forales mantendrán ventajas fiscales para las empresas vascas en la nueva normativa de Sociedades, como adelantó el domingo DV. Se descarta así por completo que las diputaciones vayan a aceptar una mera copia de la normativa del Estado, tal y como pretende el Supremo. Una postura que cuenta ya con el respaldo de las dos haciendas controladas por el PNV --Vizcaya y Gipuzkoa-- y también de la de Álava, gobernada por el PP.

La Cámara de Gipuzkoa se sumó ayer a las voces en defensa del Concierto y de la autonomía fiscal, y pidió a las instituciones vascas que pongan en marcha «los mecanismos legales» necesarios «para evitar posibles perjuicios al tejido empresarial» por la aplicación de la sentencia.

Consideró que el fallo supone «un ataque al Concierto Económico, piedra angular del autogobierno vasco, y al pacto existente entre las administraciones central y vasca». En su opinión, «la interpretación unilateral de un pacto político entre dos partes crea una situación de incertidumbre e indefensión, claramente perjudicial para la competitividad y estabilidad del mundo empresarial».

La Cámara se ofreció como «coadyuvante para cuantas medidas judiciales, o de otra índole legal, se articulen» para garantizar a las empresas la realización de sus actividades sin inseguridad ni incertidumbre.

(publicado el 01-02-2005 en El Diario Vasco)

Las diputaciones mantendrán las ventajas

[Los tres ejecutivos forales descartan copiar la legislación fiscal del Estado sobre la tributación de los beneficios, como parece obligar la polémica sentencia del Tribunal Supremo]

Manu Álvarez. Las tres diputaciones manejan ya un 'mínimo común denominador' tras la polémica sentencia del Tribunal Supremo, que ha anulado los elementos esenciales del Impuesto de Sociedades en Euskadi: habrá una nueva normativa en breve plazo, aprobada por las juntas generales de los tres territorios históricos, consensuada con el Gobierno vasco y, lo más trascendente, en su articulado se mantendrán importantes ventajas para las empresas asentadas en la comunidad autónoma. Así lo han transmitido fuentes de la Administración foral a El Correo. Los mismos medios han asegurado que existe también un criterio unánime en el rechazo al fallo --el más serio revés que ha sufrido el Concierto Económico en su historia reciente-- y una apuesta firme por «no copiar la legislación del Estado», una 'obligación' que se desprende de la resolución judicial.

Por el momento las haciendas vascas no han elaborado propuesta alguna en relación con la nueva norma del Impuesto de Sociedades, pero sí está claro que lo harán con celeridad. Las diputaciones ya han anunciado que el tributo que grava los beneficios empresariales de 2004 --cuya liquidación se realizará en julio-- será calculado con la legislación que estaba vigente hasta la pasada semana y que ha sido anulada por el Supremo. Pero las compañías necesitan conocer con urgencia el marco fiscal en el que se mueven ahora, a lo largo del presente ejercicio, ya que de ello dependen muchas de sus decisiones de inversión.

A pesar de la diferente composición política de las diputaciones --las de Vizcaya y Guipúzcoa están controladas por el PNV, mientras que el PP gobierna en Álava--, hay una plena coincidencia entre ellas en considerar que la capacidad normativa que otorga el Concierto puede usarse para conceder a las empresas vascas algunas ventajas puntuales. Además, con esta posición, tanto los nacionalistas como el Partido Popular desean transmitir al conjunto de la sociedad que las instituciones vascas quieren mantener la defensa del Concierto y de los pactos políticos que se han generado a su alrededor, frente a una sentencia que no han dudado en descalificar con términos extraordinariamente duros.

Restricciones

El fallo, conocido el pasado miércoles, restringe al máximo la capacidad de las diputaciones para hacer algo distinto al Estado en materia tributaria, al tiempo que estima que cualquier diferencia económica puede catalogarse como «ayuda de Estado».

El Supremo no sólo ha modificado así la doctrina que aplicaba hasta ahora en el análisis de los asuntos relacionados con el Concierto y con la capacidad de las instituciones forales de elaborar algunas leyes fiscales, sino que se ha decidido a aplicar e interpretar la normativa de la Unión Europea. De ahí que haya optado por declarar ilegales todos aquellas ventajas de las que disfrutaban las empresas vascas y que considera ayudas no autorizadas.

La premura de tiempo y el hecho de que los servicios jurídicos de las diputaciones han dedicado sus primeros esfuerzos a evaluar la posibilidad de recurrir el fallo ante el Tribunal Constitucional han impedido que existan ya propuestas concretas para la nueva normativa. Los primeros detalles, aseguran los medios consultados, comenzarán a 'trabajarse' a partir de mañana y serán estudiados en la reunión que mantendrán la próxima semana los diputados de Hacienda de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa con representantes del Gobierno vasco. «No existe todavía una idea clara de qué se va a hacer», explicaron ayer fuentes de la Hacienda vasca. «Pero lo que sí es seguro que se mantendrán diferencias significativas con el Impuesto de Sociedades de la Administración central».

(publicado el 30-01-2005 en El Correo)

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