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No pretendemos ser capaces de juzgar desde 5.400 millas de distancia el caso de terrorismo del periodista Martxelo Otamendi, que está siendo juzgado en España junto con sus colegas de un periódico en lengua vasca, acusado de recibir dinero y apoyo del grupo armado separatista vasco conocido como ETA.

Sabemos que personas vascas idahoenses de convicción y conciencia, entre ellas el ex secretario de Estado Pete Cenarrusa y el alcalde de Boise, David Bieter, conocen a Otamendi personalmente y cuestionan públicamente los cargos. Otamendi ha visitado Idaho en diferentes ocasiones para cubrir temas relacionados con su importante la población de origen vasco. También sabemos que los tribunales españoles han cerrado en dos ocasiones periódicos en lengua vasca, en 1998 y 2003, alegando connivencia con ETA.

También sabemos que voces críticas dignas de crédito plantean preguntas sobre el caso y sus seis años de retraso en llegar a juicio. Una relevante organización internacional de prensa, Periodistas Sin Fronteras, ha pedido a España que desetime la acusación, señalando que una conexión con nunca se ha demostrado conexión alguna con ETA. Otros periodistas han acusado a España de etiquetar como "terrorista" a cualquiera que está de acuerdo con las aspiraciones de ETA respecto a la autodeterminación vasca.

Este turbio caso de terrorismo turbio a medio mundo de distancia dibuja con claridad un punto: Un pueblo libre necesita libertad para expresarse y periódicos libres. Cuando los jueces y los gobiernos deciden quién puede y no puede expresarse, los ciudadanos no pueden confiar en que están escuchando la verdad. Nosotros, en Estados Unidos, podemos mostrarnos indiferentes sobre nuestras inmensas libertades y garantías constitucionales para hablar y publicar libremente. Este caso internacional, vinculado singularmente con Idaho, nos recuerda que no hemos de darlas por sentado.