De candiles de la calle y oscuridad. Editorial publicado por el diario mexicano Reforma sobre 'la guerra desatada por el Estado español contra el pueblo vasco' (en Reforma)

(a la memoria del doctor Enrique Tommasi)

Por Humberto Musacchio

El señor Carlos Castresana, fiscal anticorrupción del Parlamento español, es, como su famoso paisano Baltasar Garzón, brillante candil callejero incapaz de echar luz sobre lo que ocurre en su casa. Castresana, al igual que Garzón, demanda el esclarecimiento de los crímenes de Ciudad Juárez, lo que está muy bien, pero ante la guerra desatada por el Estado español contra el pueblo vasco opta por un prudente silencio.

Nada dice sobre la bonita costumbre de mandar a los presos políticos vascos a más de 500 kilómetros de sus lugares de origen y de sus familias; nada sobre los múltiples casos de tortura documentados ante organismos internacionales de derechos humanos; menos todavía acerca de las misteriosas muertes de militantes de ETA a manos de la policía. Existe en España, de hecho y de derecho, un conjunto de disposiciones legales que penan severamente toda relación con los presos políticos vascos o la mera simpatía con la causa independentista. Con base en esas disposiciones, los parientes de los presos pueden ser aprehendidos por el solo hecho de prestar ayuda material --dinero, comida, medicamentos o cobertores-- a quienes están recluidos, pues cualquier juez puede considerar que se trata de colaboración con terroristas, lo que no ocurrió en la Alemania nazi ni en la Rusia de Stalin.

El desprecio del Estado español contra el nacionalismo vasco se ilustra contundentemente con hechos como la sucia campaña contra el cineasta Julio Medem, realizador del documental 'La pelota vasca: la piel contra la piedra'; o por haber prohibido la presentación del músico Fermín Muguruza; o el cierre de periódicos como Egin y Egunkaria o la ilegalización de organizaciones juveniles y defensoras de derechos humanos como Jarrai, Haika, Segi o Gestoras Pro Amnistía, por no hablar de la ilegalización de Batasuna, partido político que cuenta con 15 por ciento del electorado vasco y al que nunca se le ha podido probar relación orgánica alguna con actividades armadas.

Los derechos humanos existen para proteger a las personas independientemente de su filiación política, su origen racial o su credo religioso. Es legal y moralmente inaceptable argüir que las autoridades no están obligadas a responder por la integridad personal de los 'terroristas' ni a garantizarles un juicio justo y las condiciones de detención establecidas en los países civilizados, nada de lo cual parece importarle al gobierno del neofranquista José María Aznar ni a sus patiños del Partido 'Socialista Obrero' Español, el PSOE.

La creación del Estado español posterior a la muerte de Francisco Franco se hizo sobre la base de la libre y consentida pertenencia de los peninsulares al reino de España, estableciéndose para el caso las condiciones de esa adhesión y otorgándose garantías a las comunidades autonómicas, especialmente a Cataluña y el País Vasco.

En una era regida por avanzados procesos de integración multinacional, muchos y muy grandes deben ser los agravios del gobierno central español contra vascos y catalanes para que entre éstos resurjan las viejas tendencias separatistas. En el caso de los vascos, la actitud ofensiva del gobierno neofranquista se expresa en múltiples declaraciones de Aznar y sus ministros, lo mismo que del Partido Popular y hasta del canal de TV Española que podemos ver aquí en Cablevisión, en el que un día sí y al otro con más ganas, un grupo de 'periodistas' habla y actúa de manera goebbelsiana contra todo lo que huela a vasco, incluido el clero católico de las provincias vascongadas, que tradicionalmente ha estado junto a su pueblo.

El fanatismo antivasco del gobierno de Aznar pretende justificarse por el activismo de ETA. Pero la coartada del Estado español no puede ser aceptada por las autoridades de México, que permiten la actuación de policías españoles en territorio nacional y periódicamente desatan oleadas represivas contra personas de origen vasco, a las que se arresta sin orden de aprehensión y contra las que se arman procesos bajo las más peregrinas acusaciones, como ocurrió con el ciudadano mexicano Lorenzo Llona Olalde, acusado de cometer en España un crimen el mismo día que realizaba en México un trámite ante las autoridades migratorias.

El pasado 18 de julio, a petición del gobierno español, policías federales mexicanos detuvieron a nueve personas a las que acusaron de estar ligadas a actividades terroristas. Las detenciones se realizaron sin orden de aprehensión, sino con simples órdenes de presentación. De los detenidos, la mexicana Pilar Sosa pasó 51 días en manos de sus captores y Pedro Ulises Castro y Noé Camarillo Cantú sólo fueron liberados después de 90 días, sin que tampoco se pudiera fincar un solo cargo en su contra.

Permanecen encarcelados --¿o habría que decir secuestrados?-- Xavier Arronategui Duralde, de nacionalidad mexicana y residente en el país desde 1989, casado con mexicana, padre de tres hijos igualmente nacidos aquí y gerente de ventas de una empresa de paquetería; Jon Artola Díaz y Asunción Gorrotxategui Vázquez, pareja que tiene 12 años en México, donde él es gerente de una empresa maderera; Félix García Rivera, con 13 años de estancia entre nosotros, con permiso de residencia, casado con mexicana y padre de un niño nacido en territorio nacional e igualmente con una forma honesta de vivir; José Antonio Urkijo Borde, con 14 años en el país y ocupado en actividades turísticas en Cancún; y Ernesto Alberdi Elejalde, quien llegó en 1987 y se dedica a la venta de materiales de construcción.

Se les mantiene prisioneros en el Reclusorio Norte acusados por el Estado español de pertenencia a banda armada y blanqueo de dinero. La primera acusación cae por su propio peso, pues se trata de personas que desde hace 12 y más años se hallan en México, al margen de todo conflicto armado y dedicados, para su sobrevivencia, a labores lícitas y conocidas en las que pagan impuestos y cumplen con las disposiciones legales. El presunto blanqueado de dinero no pasa de ser una invención grosera, pues se trata de transferencias realizadas de manera legal y con el pago de los cargos correspondientes.

Los detenidos han demostrado que los movimientos de dinero que han efectuado corresponden a la herencia de un familiar plenamente identificado, a la compra venta de mercancías absolutamente legales y al envío de dinero a familiares vascos, lo que para la paranoia de las autoridades españolas hace a cualquier persona sospechosa de terrorismo. Por lo demás, se trata de transferencias modestas, pero se llega al extremo de acusar a Asunción Gorrotxategui de blanqueo de dinero, pese a que ella ni siquiera tiene una cuenta bancaria, pues es dependiente económica de su marido, Jon Artola.

El juicio de extradición al que están sometidas estas personas se basa en simples presunciones de las autoridades españolas, en copias fotostáticas de documentos que no prueban nada y en la desidia del juez encargado del caso, que se dedica a bostezar durante las audiencias o se ausenta de ellas con la mayor indolencia.

La batida del gobierno español contra los vascos no es una guerra que México tenga que librar ni tenemos por qué afrontar los peligros de aquel enfrentamiento. No somos parte de ese conflicto ni enemigos del pueblo vasco. Por el contrario. Nunca sobra recordar que uno de nuestros mayores próceres es el vasco Francisco Javier Mina Larrea, quien en su tiempo también combatió el centralismo español, allá y aquí. Eso es lo que aprendemos en la escuela, pero ahora quizá tengan que modificarse los libros de texto para enseñarnos a odiar a los vascos, que nada malo nos han hecho, y para que los niños mexicanos ya no crezcan con el ejemplo heroico del combatiente navarro.

(editorial publicado el 16-12-2003 en el diario Reforma)

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