75 años del Estatuto de Eusko Ikaskuntza; artículo de la historiadora Idoia Estornés ante el aniversario del Anteproyecto elaborado en 1931 por Eusko Ikaskuntza (en El Correo)

Por Idoia Estornés Zubizarreta

Resulta interesante escribir en estos momentos (cese del fuego de ETA, polémica sobre el Estatuto catalán, efecto 'mancha de aceite' en el resto de las regiones, esperpénticas alharacas identitarias desde lo alto de cada campanario) sobre el Anteproyecto de Estatuto General del Estado Vasco de la Sociedad de Estudios Vasco-Eusko Ikaskuntza (SEV-EI) de 1931.

A finales de los años 70 comencé mis investigaciones sobre esta asociación cultural y publiqué mi primer trabajo sobre ella ('La Sociedad de Estudios Vascos 1918-1936. Aportación de Eusko-Ikaskuntza a la Cultura Vasca', 1983). Había oído hablar a mi padre sobre su vertiente política; él había sido el secretario de su Comisión de Autonomía y conocía detalles que ya nadie más recordaba. Daba su versión de los hechos desde el punto de vista de un nacionalista vasco ferviente: el Estatuto de Estella había sido el producto, corregido y aumentado, del de Estudios Vascos. Falta de documentación inédita sobre este punto, asumí ingenuamente esta interpretación sin darle mayor importancia. Por fortuna, un sexto sentido me hizo incluir en pruebas y en nota de pie de página este cauteloso anuncio: «Estudio de este período en mi siguiente trabajo sobre la Sociedad».

Acerté. En 1981 fue identificado el Archivo Histórico de la SEV-EI que, escondido por Fausto Arocena en 1936, fue guardado de forma semiclandestina en la Diputación de Guipúzcoa durante todo el periodo franquista. También se abrió el Archivo de Salamanca, fruto del pillaje de los vencedores de la Guerra Civil 1936-1939 sobre las poblaciones vencidas. Durante cinco años más, el análisis de todo un nuevo acervo me fue recolocando en el campo de batalla ideológico de la II República española. Sus datos me permitieron ajustar el enfoque sobre figuras y hechos pretéritos que se vendían como productos ya concluidos. Nació de esta forma mi segundo estudio sobre Estudios Vascos ('La construcción de una nacionalidad vasca. El autonomismo de Eusko-Ikaskuntza (1918-1931)', 1990), esta vez, sobre todo, en relación con el tema del reconocimiento de una autonomía política para Vasconia.

En el benevolente prólogo que Gregorio Monreal escribiera para su publicación, amén de apuntar hacia el interés de la historiografía sobre entidades culturales y al papel de la SEV-EI, sugiere que también «la visión de otros temas ha quedado alterada». Otros temas como la importante visión de Irujo y Prieto sobre el devenir de la autonomía vasca, la injusta demonización de las comisiones gestoras republicanas de las diputaciones vascas, la existencia de un nacionalismo vasco difuso e integrador no sólo bajo la forma de partido político no confesional (Acción Nacionalista Vasca), sino como patrimonio ideológico de una amplia capa de la casta política vasco-navarra de esos años (mayoría carlo-integrista, flor y nata de los republicanos con Ramón de Madariaga a la cabeza, ciertos socialistas).

El texto del Estatuto General fue fruto de una laboriosa tarea de personalidades que la SEV-EI tuvo la habilidad de poner en contacto para que idearan un anteproyecto que respondiera a las aspiraciones de ese nacionalismo vasco difuso e integrador:

-Nacionalismo vasco, porque concibe a parte importante de la vieja Vasconia (las Vascongadas y Navarra) como una entidad diferenciada, constructo abierto pero constructo al fin.

-Difuso, porque, dentro del más puro espíritu federal, alude a un Estado vasco en absoluto incompatible con la unidad y bienquerencia de una patria común española, subordinado, en última instancia, a lo que las Cortes españolas y la Constitución de la República acordaran.

-Integrador, debido a que no sólo no deseó fronteras con España, sino también porque tampoco las quiso en el interior de ese Estado vasco. Se trata, pues, de un autonomismo nacionalitario y, no sólo eso, sino también laico, es decir, a salvo de la tutela de la Iglesia católica.

Pero se tiró tanto de este texto nada más salir a la calle en la madrugada del 1 de junio de 1931 (con elecciones constituyentes el 28) que se dislocó en pocos días. Tal es así que, para antes de convocarse las nuevas Cortes, el Estatuto de Estudios Vascos tenía ya un abanico de reescrituras, fieles algunas al original, no así otras que introducían el germen de la discordia, tanto en el seno de la sociedad vasca como en la relación con las nuevas autoridades republicanas. El Estatuto de la SEV se convirtió en bandera de combate y engendró, entre otros, los siguientes hijos:

-14 de junio de 1931: El Estatuto de Estella, lectura entusiasta --confesional, municipalista y etnocentrista-- que, con una sola conjunción ya, oponía un valladar frente a la legislación social de la muy social República de 1931. Fue aprobado por los municipios nacionalistas jelkides (confesionales) de Vasconia (Movimiento de alcaldes encabezado por José Antonio de Agirre) en Estella, el 14 de junio.

-15 de junio de 1931: El Estatuto General de Estado vasco-navarro entregado por la Comisión Gestora republicana de Navarra el 15 de junio, es decir, un día después. Acentuaba la cosoberanía interior paritaria del Estado vasco-navarro y aceptaba el laicismo del mismo. Fue aprobado por 229 ayuntamientos navarros (de 267, el 88,84% de la población navarra) ya entrado el verano.

-21 de junio de 1931: El Estatuto General de Estado vasco-navarro de las comisiones gestoras de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Resultó ser el más cercano a la fuente de todos los textos reelaborados hasta la fecha (21 de junio).

De nada sirvió todo ello. Los estellistas van a arrebatarle su carácter liberal y laico, los socialistas 'bilbainizarán' el conjunto al romper su esquema paritario y primar el factor demográfico. Puede decirse, pues, que las elecciones generales de 1931, con la polarización del electorado y la radicalización de los partidarios del Estatuto de Estella, inutilizaron el mismo y paralizaron el proceso estatutario vasco que, hasta la aprobación de la Constitución, en diciembre de 1931, quedó de hecho en vía muerta, donde permanecerá prácticamente hasta la guerra.

(publicado el 31-05-2006 en El Correo)

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