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El Gobierno Vasco ha dado a conocer que un juez de Vitoria-Gasteiz ha suspendido las bolsas de trabajo de Secretarios e Interventores de los ayuntamientos porque había perfiles lingüísticos en varios puestos de trabajo. Según el juez, la falta de conocimiento del euskera puede discriminar a la ciudadanía española. Sin embargo, el juez considera que no es discriminatorio exigir el conocimiento superior del castellano en el 100% de los puestos de trabajo o tener estudios de derecho para todos los puestos. Hay que recordar que con las y los aspirantes que no conocen el euskera no existe una discriminación por sí sola, sino una falta de conocimiento que se puede obtener a través de los estudios, de igual manera que se debe aprender para obtener el título de Derecho.

ELA considera que es muy grave que los y las secretarios y secretarias e interventores puedan trabajar sin conocimiento de euskera, ya que la consecuencia es que van a imponer que el funcionamiento normal de estos ayuntamientos sea en castellano, ya que la labor principal de estos y estas es la fiscalización del funcionamiento interno y si no se conoce el euskera se les dará toda la documentación en castellano.

Además, ELA opina que esta sentencia demuestra que no hay competencia real para que los secretarios e interventores elijan. El Gobierno Vasco es también una sucursal de gestión de criterios establecidos por el Gobierno español. El Gobierno no puede exigir el conocimiento del euskera ni del derecho foral.

Las sentencias en contra de los derechos lingüísticos de las personas vascas las estamos recibiendo sucesivamente de los tribunales. ELA opina que el problema no son los jueces, que el problema es el Estado. El Estado español quiere defender la hegemonía del castellano a la que responde su arquitectura legal. El euskera no es tan oficial en la CAPV como el castellano, por eso se impone el conocimiento del castellano a todos cuando el conocimiento del euskera es opcional. Si no se rompen las cadenas establecidas por este Estado, no será posible garantizar el derecho a vivir en euskera en la misma proporción en que se garantice el derecho a vivir en castellano.