Finalmente, el peor presagio se ha hecho realidad: El voto del electorado de nuestra diáspora inscrito en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha llegado a un mínimo histórico en las elecciones al Parlamento Vasco del pasado 12 de julio. Y aunque el voto de la diáspora (a diferencia de otras ocasiones) no ha sido determinante, sí ha ayudado en la disputa por un escaño por Bizkaia entre el Partido Popular y Euskal Herria Bildu.
De tal modo que el Partido Pupular obtenía con el recuento del voto final su sexto escaño.
Paradójicamente, a la vez que la población residente en el extranjero con derecho a voto ha ido aumentando, su voto ha ido disminuyendo. Entre 2009 y 2020, el número de electores vascos [nos referimos en este artículo a los de la CAV] en el extranjero ha crecido en casi 32.300 personas.
No cabe duda de que el efecto de la introducción del sistema del llamado “voto rogado” en 2011 --por el que todo residente ausente tiene que comunicar previa y personalmente por escrito su voluntad de votar para poder ejercer ese derecho básico-- ha supuesto un antes y un después en cuanto a la participación electoral de la diáspora vasca, cuestionando el derecho al sufragio universal; no lo olvidemos, uno de los principios básicos más importantes que sustentan cualquier democracia.
Tal y como se indica en la tabla, en el periodo de 11 años que va de 2009 a 2020 se han celebrado cuatro elecciones al Parlamento Vasco y se ha producido un descenso de 13,36 puntos porcentuales en el voto de los residentes en el extranjero.
Y aquí es importante señalar como ya hacíamos con anterioridad al pernicioso “voto rogado”, un 83,12% del electorado vasco en el extranjero no votó en las elecciones de 2009. Esta tendencia a no ejercer el derecho al voto por parte de la diáspora se vio irremediablemente incrementada a partir de 2011.
El distanciamiento entre el electorado vasco y Euskadi se ha expresado en la baja participación en las sucesivas elecciones.
¿A qué es debida está desconexión con Euskadi por parte de la mayoría del electorado vasco de la diáspora?
Voto de la diáspora vasca en las elecciones al Parlamento Vasco, 2009-2020:
ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO |
DIASPORA
Número de electores residentes ausentes |
DIASPORA
Número de solicitantes de voto (% del voto del censo de residentes ausentes) |
DIASPORA
Número de votantes (% del voto del censo de residentes ausentes) |
2009 |
43.710 |
43.710 |
7.377 (16,88%) |
2012* |
56.640 |
6.320 (11,15%) |
4.043 (7,14%) |
2016 |
69.159 |
5.183 (7,5%) |
3.257 (4,71%) |
2020 |
75.990 |
3.569 (4,7%) |
2.672 (3,52%) |
Cuadro: *En 2011 se introduce el llamado “voto rogado”. Fuentes: Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco e Instituto Nacional de Estadística. (Elaboración propia).
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Mientras tanto, la población residente en Euskadi con derecho al voto ha ido disminuyendo y la abstención ha ido aumentando.
Entre 2009 y 2020, el censo ha perdido casi 18.000 electores y la abstención se ha incrementado en 12 puntos porcentuales; desde un 35% en 2009 hasta casi un 47% en 2020.
Es decir, en esta situación, el peso del censo electoral de la diáspora ha ido creciendo con relación al censo total.
De un 2,46% en 2009 se ha pasado a un 4,23% en 2020. Sin embargo, debido a este “voto rogado”, principalmente, el valor porcentual del voto de la diáspora es casi imperceptible en el cómputo total. En 2020, solo 3.569 personas han solicitado el voto, lo que se traduce en el 0,19% del total del electorado vasco.
La “abstención” de la diáspora vasca en las pasadas elecciones al parlamento ha alcanzado un muy alarmante 96,5% del censo de residentes ausentes en el extranjero con derecho al voto.
De las casi 76.000 personas que forman parte de ese censo, solo un 4,7% solicitaron el voto, y finalmente fueron 2.672 personas (3,52%) las que lo depositaron.
Se trata de una “abstención” absolutamente condicionada, forzada tanto por el propio sistema de voto en vigor, como por la situación de alarma sanitaria y de confinamiento, provocada por la pandemia de la COVID-19, que ha sumido en un cierto caos a varios países (entre ellos Argentina, Chile o Venezuela) o regiones de estos, con una importante población vasca con derecho a voto.
Si bien antes de obligar a rogar el voto a quienes querían ejercer este derecho también aquellos ciudadanos/as que podían votar podían asimismo legitima y legalmente optar por no hacerlo, en la actualidad ocurre que quienes manifiestan positivamente su deseo de querer ejercitarlo encuentran enormes dificultades para emitirlo, a pesar de ser --insistimos-- un derecho expresamente amparado por la Constitución de España.
Son numerosos los testimonios de vascos residentes en numerosos países (Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido etc.,) que relatan la imposibilidad de votar al no llegarles a tiempo las papeletas del voto. En Venezuela, con 4.026 vascos con derecho al voto, la suspensión del servicio postal desde el 16 de marzo ya suponía de partida un impedimento difícil de subsanar a pesar de la introducción del voto por internet. No hemos logrado conseguir el número exacto de cuántos lo lograron, pero todo apunta a que la cifra fue escandalosamente mínima.
De los 8.139 vascos inscritos en el Consulado de España en Buenos Aires, solo 9 depositaron el voto.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se encontraban sumidas en una cuarentena.
La histórica baja participación de la diáspora vasca y particularmente el propio “voto rogado” ponen en entredicho la legitimidad democrática del sistema al impedir que un significativo número de ciudadanos puedan elegir a sus representantes políticos. Esta impuesta baja participación condena a la diáspora vasca a la irrelevancia e invisibilización política en términos electorales. Convierte a la ciudadanía vasca extraterritorial en una ciudadanía de segunda al excluirla del sistema que debe garantizar su derecho al sufragio.
Más allá de la reforma del actual sistema electoral o de la supresión definitiva del “voto rogado”, en manos del Parlamento de España, ¿qué medidas han aplicado los poderes públicos vascos para revertir la histórica baja participación electoral de la diáspora, promover su participación política, y posibilitar su voto en el contexto de la pandemia?
Es decir, ¿quién asume la responsabilidad política de este mínimo histórico y de las consecuencias que conlleva este “voto rogado”?